¿Por qué la justicia rechazó reabrir la paritaria nacional docente?

El gobierno recordó el  fallo que niega un amparo a UDA, luego de que el gremio Suteba pidiera una audiencia con el Presidente con el objetivo de las paritarias nacionales docentes.

En su fallo la Cámara afirma que “corresponde evaluar si ha existido o no, un acto u omisión de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte del Estado Nacional, en los términos que requiere la admisibilidad de la vía procesal elegida. Y se impone la respuesta negativa al interrogante.”

Así, la Cámara Laboral definió darle la razón al Gobierno nacional y ratificó que no debe realizarse la paritaria nacional docente. UDA realizó una presentación judicial pidiendo esta negociación laboral, la Justicia afirmó que los argumentos interpuestos por el Estado son correctos, ya que el Ejecutivo no es empleador y que el salario mínimo quedó automatizado, en febrero de 2016, en un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Desde el sindicato anunciaron que apelarán la medida y que lo llevarán hasta la Corte Suprema.

El fallo dispuesto por el tribunal laboral, afirma que los argumentos del Estado nacional son correctos, ya que el Gobernador “no es empleador y por eso corresponde que la negociación colectiva sea encarada por las provincias; y que el salario mínimo docente para todo el país quedó automatizado en el 20% por encima del mínimo, vital y móvil en la reunión paritaria de común acuerdo entre gremios y Gobierno en febrero del 2016″.

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La resolución judicial, que cuenta con las firmas de los jueces Víctor Pesino y Luis Catardo, ratifica lo dispuesto por la jueza laboral de primera instancia Alicia Pucciarelli, la cual había rechazado el amparo presentado por el gremio UDA, el año pasado, el cual pretendía forzar, por la vía judicial, a que el Gobierno llame a la paritaria nacional docente.

Según explicaron los magistrados, tanto en primera instancia como en la Cámara Laboral, la vía del amparo “no es idónea”, ya que “no se advierte por parte del Estado Nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria” sobre la convocatoria a una negociación nacional que establece la ley de Financiamiento Educativo.

El conflicto se inició en febrero de 2017, cuando el Gobierno definió disolver esta negociación nacional con los docentes al afirmar que ya se había impuesto el salario mínimo de los maestros cuando fue instaurado en el 20% por encima del Mínimo Vital y Móvil en negociaciones anteriores con los sindicatos. Es por eso que, según advirtieron los titulares gremiales, avanzarán hacia la Corte Suprema.

 

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